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Pronunciamiento público a propósito del nuevo PEOTE


Reconocemos la Medellín construida por los excluidos de siempre: los desplazados del campo que llegaron a la ciudad a reconstruir sus vidas y construyeron barrios; la de los empobrecidos que no tuvieron la capacidad de adquirir vivienda en el mercado inmobiliario y dotaron de sentido un territorio. Reconocemos la creación histórica de los barrios de Medellín y la memoria de los habitantes de esos territorios que han defendido de la amenaza de diversos tipos de desalojos y conflictos.

El suelo urbano al que han accedido los sectores populares es fruto de las condiciones desiguales de ocupación y consecuencia de las marcadas desventajas sociales y económicas del grueso de la población para acceder a una vivienda de manera formal en la ciudad. Entendemos que la ciudad tiene múltiples formas de ocuparse y diversas formas de apropiación.
Como muestra, las más de 300 mil  víctimas de desplazamiento forzado que viven en la ciudad y que no han obtenido una reparación integral o accedido a una restitución de vivienda, son quienes desde hace décadas construyen lugares habitables en una lucha constante por humanizar el espacio y poder permanecer en el territorio.

Sin embargo, la institucionalidad y la empresa privada han hecho del desplazamiento por el modelo de desarrollo, algo inevitable y la población más vulnerable sigue asumiendo altos costos sociales y económicos producto del traslado y la reubicación. La expulsión de población no puede producirse bajo el argumento de que las viviendas carezcan de escritura pública, pues reconocer la construcción de barrios informales supone la posesión de las viviendas y la inexistencia de títulos de propiedad.

Reclamamos el reconocimiento de las distintas formas de ocupación en la ciudad y las construcciones y las prácticas colectivas a través de las cuales se construyeron vías y senderos, centros de encuentro, escuelas, juntas de acción comunal y canchas, que han sido útiles a la comunidad.

Exigimos que se avance en programas de mejoramiento integral de barrios, orientados a proteger el hábitat popular mediante la adecuación del entorno: conexión de agua potable, redes de alcantarillado y mejoramientos de vivienda, canalización de aguas lluvias, obras de mitigación del riesgo; de manera que las personas y familias puedan seguir habitando el territorio en el que han construido tejido social.

Demandamos mayor atención, voluntad política y presupuesto para la gestión del riesgo en Medellín. Los estudios microzonificados deben concretar acciones para mitigar y disminuir las amenazas del riesgo, mediante la construcción y mantenimiento de  alcantarillados de aguas lluvias y residuales, pilones, muros de contención, cunetas y andenes; es urgente avanzar en la rehabilitación y protección del suelo.

Exigimos acciones concretas de prevención y disminución del riesgo frente a omisiones de la misma Administración municipal con las cuales genera amenazas, dejando obras inconclusas, demoliendo viviendas sin los debidos procedimientos y sin recolección de escombros o construyendo muros de contención sin durabilidad; así mismo a EPM ante la falta de mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado que filtran sus aguas en la ladera, produciendo humedad y deslizamientos.

La gestión del riesgo no puede ser la desenfrenada evacuación y demolición de las viviendas; ninguna familia deberá ser desalojada y lanzada a un desplazamiento más sino se propician todas las medidas necesarias para proteger su vida y dignidad. En caso de haber reasentamiento, exigimos se les entregue una vivienda de manera inmediata, según sus necesidades y, en el barrio o alrededores.

Consideramos que Ciudadela Nuevo Occidente no se desarrolló integralmente para recibir a miles de familias y por tanto, mientras no se solucionen las problemáticas actuales de vivienda y acceso eficiente a servicios públicos domiciliarios, así como los problemas de cobertura en salud y educación, la Administración municipal no debería propiciar allí más reubicaciones ni las personas subsidiadas o afectadas por procesos de reubicación lo deberán permitir.

Reclamamos proyectos de viviendas dignas a corto y mediano plazo, que sean construidas con las comunidades, buscando ampliar los metros cuadrados de las nuevas casas y gestionando soluciones creativas que superen el subsidio pírrico que hasta ahora alcanza para una “caja de fósforos”. Que la política de vivienda en Medellín, no solo se dirija a impactar el índice cuantitativo de vivienda a través de los Macroproyectos, sino que aporte a la calidad habitacional, propiciando el empleo y promoviendo iniciativas de generación de ingresos para que las personas tengan sostenibilidad económica.

Exigimos mayor atención frente a la protección de derecho humano al agua de los sectores populares de la ciudad, acceso eficiente y continuo a las comunidades que ocupa los bordes que aún no cuentan con redes de acueducto, y mejoramiento y adecuación de las redes de quienes hoy reciben el servicio de alcantarillado de manera ineficiente y perjudicial.

El discurso de la participación no se puede seguir prestando para ser un instrumento que facilita la imposición arbitraria de proyectos institucionales que terminarían expulsando a la población y/o empeorando sus condiciones de vida; requerimos información clara y precisa de los planes y proyectos a ejecutar y las implicaciones que tendrán para los pobladores, de manera que se puedan concertar alternativas y concretar propuestas técnicas y sociales. 

Siendo los barrios populares un acumulado histórico de humanización del espacio, reivindicamos la construcción social del hábitat y la permanencia de los habitantes frente a las intervenciones que la Administración Municipal y la EDU realizan en los barrios; el Estado debe reconocer la realidad de autoconstrucción de estos territorios y por tanto, sus proyectos deben ser definidos y concertados con la población.

"la solución no es eliminar los barrios, que son a la vez expresión de la  inteligencia colectiva del pueblo y espacio de solidaridad y lucha, sino transformarlo para darle a sus habitantes vida digna...”
                 
Manifiesto por la revolución urbana -Movimiento de Pobladoras y pobladores-           
Septiembre de 2014

Instituto de Estudios Urbanos - IEU

Colombia no tiene una política de vivienda y hábitat, lo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda es una estrategia de construcción.

 

 Por: Instituto de Estudios Urbanos IEU.

 

En el marco del programa Controversias Urbanas, espacio académico del Instituto de Estudios Urbanos IEU, de la Universidad Nacional de Colombia se celebró el 13 de marzo de 2013 el Debate Política de vivienda. Visión nacional vs Impacto urbano.


El debate contó con la participación del Secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila Calderón, del Director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Jorge Pérez Jaramillo, de la Directora del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga, Silvia Camargo, y con la notoria ausencia del Viceministro de Vivienda, delegado por el Ministro para representar al Gobierno Nacional en el Debate (en su reemplazo estuvo Alonso Cárdenas –Subdirector de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial), los profesores de la Universidad Nacional Fernando Montenegro y Luis Fernando González, desde sus roles de moderador y comentarista respectivamente, lograron poner sobre la mesa, con éxito, una discusión pendiente en el país: El análisis de la actual política de vivienda y su incidencia en el gobierno de las ciudades.

En el desarrollo del Debate, uno de los puntos que más destacaron los representantes de las administraciones de Bogotá y Medellín es la falta de una política integral de vivienda y hábitat en el país. Al respecto el Secretario Ardila señaló “Yo creo que sí ha existido (política de vivienda en Colombia) lo que pasa es que no es la que necesitamos”. Por su parte el Director de Planeación de Medellín afirmó “Creo que Colombia aún no ha logrado ingresar a una política integral de estado sobre vivienda y hábitat.”

Si bien la línea trazada por el Gobierno Nacional está orientada a disminuir el déficit cuantitativo de vivienda para la población más vulnerable del país, y ha sido de gran utilidad en municipios como Bucaramanga, según lo expreso la Directora de Vivienda municipal “En el caso de Bucaramanga, esto sí ha sido un salvavidas y creo que también para muchos otros municipios pequeños”; en ciudades grandes y complejas como la capital antioqueña y el Distrito Capital la política no aporta soluciones en materia de vivienda y hábitat. Al contrario en ciudades como Bogotá, va en contravía frente a las apuestas de la administración en su Plan de desarrollo, “Nosotros concebimos la vivienda como una manera de construir sociedad y una manera de vivir en sociedad,y lo que nos llega del Gobierno Nacional es una visión de la vivienda como negocio.”, indicó Gerardo Ardila.

Los panelistas evidenciaron también la necesidad de buscar soluciones de fondo a los problemas de segregación, asentamientos y mejoramiento barrial, para atacar el déficit cualitativo de vivienda que está totalmente olvidado en la actual política. Al respecto la ingeniera Camargo afirmó “Sí se requiere entrar a mirar una visión de vivienda y de política nacional en temas de mejoramiento integral barrial, pero el tema son los costos”

Los representantes de las ciudades también llamaron la atención al Gobierno Nacional sobre el respeto por la autonomía municipal y la urgente necesidad de poner como punto prioritario en la agenda nacional la creación de una política estructurada de renovación urbana para el país. “El Estado central debe entender que la autonomía municipal no es optativa. Es esencial” expresó el Director de Planeación de Medellín. Así mismo, el Secretario de Planeación de Bogotá se refirió a las discrepancias suscitadas con el Ministro Vargas Lleras, señalando que las diferencias entre las dos concepciones de política de vivienda no deben convertirse en un conflicto sino en una confrontación que permita construir la política que la ciudad requiere.

En el panel también se hizo evidente la ausencia de una política nacional de poblamiento. El país no tiene una normatividad que permita articular las dinámicas de las ciudades con la de sus regiones. Los sistemas que se han desarrollado hasta ahora, como las áreas metropolitanas, ya son obsoletas. La nueva ley orgánica de ordenamiento territorial es totalmente insuficiente. En éste punto coincidieron todos los panelistas, incluso Alonso Cárdenas, el representante del Ministerio de la Vivienda.

Al final, las solicitudes que le transmitieron al Gobierno Nacional las ciudades invitadas al Debate “Política de Vivienda. Visión nacional vs Impacto urbano” fueron resumidas por el profesor Luis Fernando González Escobar así: “El llamado que hacemos en un seminario como éste es no sólo a compatibilizar normas, a dejar de tener miradas parciales, a tener políticas de largo plazo, sino también a darle un fuerte impulso a la investigación sobre temas tan fundamentales como este de hábitat en el país.”

Referencia bibliográfica de la nota informativa: Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Urbanos IEU. (2013, marzo 15). Colombia no tiene una política de vivienda y hábitat, lo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda es una estrategia de construcción. Sitio web del Instituto de Estudios Urbanos IEU. Universidad Nacional de Colombia.